La Ley Torricelli, sancionada en el Congreso norteamericano para endurecer las acciones contra la Revolución Cubana, fue promulgada hace 33 años por el ex presidente George Bush (padre) el 23 de octubre de 1992, en plena campaña electoral, con el propósito de ganar apoyo en el estado de Florida.
Fue concebida como el golpe de gracia a la Revolución en medio del Período Especial. Era una maniobra oportunista para asfixiar al pueblo cubano en el momento en que enfrentaba el reto de sobrevivir como nación, tras desaparecer el Campo Socialista con el consiguiente cambio drástico en su economía.
Esta ley fue aplicada por primera vez en la totalidad de sus capítulos por el presidente estadounidense Donald Trump, en su primer mandato, con igual intención que la promulgó Bush y el mismo odio de sus promotores del Partido Demócrata, Robert Torricelli, senador por Nueva Jersey, Bob Graham senador por Florida, y el candidato presidencial William Clinton, electo presidente en 1993.
El proyecto presentado en el primer período de sesiones del 102 Congreso de los Estados Unidos (EE.UU.) tenía como objetivo fundamental aislar totalmente a Cuba del entorno económico internacional y hacer colapsar su economía.
Las disposiciones contenidas en esa legislación, de carácter profundamente extraterritorial, constituyen una flagrante violación de las normas internacionales que rigen la libertad de comercio y navegación y reflejan el desprecio e irrespeto hacia la soberanía de terceros Estados.
Es una de las expresiones más acabadas de la línea agresiva del imperio contra la Revolución Cubana, al articular en ella toda una retórica eufemística que enarbola conceptos como democracia, derechos humanos, economía de mercado, sin descartar la sugerencia de una posible intervención militar.
En la esfera comercial la Ley Torricelli estableció dos sanciones fundamentales: prohibir el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías de Estados Unidos establecidas en terceros países; y prohibir a los barcos que entren a puertos cubanos con propósitos comerciales, tocar puertos de Estados Unidos o en sus posesiones durante los 180 días siguientes a la fecha de haber abandonado un puerto cubano.
La mal llamada Acta para la Democracia en Cuba, emanó de un órgano estatal norteamericano: el Congreso de los EE.UU., por lo cual, al pretender regular la vida política de otro Estado soberano, está viciada de una nulidad absoluta, al pretender otorgarle alcance extraterritorial a una ley interna de ese país.
En el año 1993 ya había pasado la euforia imperial, aunque la ley Torricelli-Graham estaba funcionando con toda la fuerza que le daba tanto el respaldo demócrata como republicano.
En 1995, como resultado de las presiones y reclamos de otros países interesados en comerciar con Cuba y acceder al mercado cubano, la administración norteamericana, mediante una orden ejecutiva, modificó las regulaciones existentes y aprobó la emisión de licencias específicas, caso por caso, para permitir determinadas operaciones desde terceros países por firmas subsidiarias con Cuba, pero con regulaciones.
Estas restricciones incluían la prohibición a dar financiamiento a las operaciones por parte de entidades o empresas norteamericanas; prohibición a Cuba a realizar transacciones en dólares; prohibición a incluir en estas operaciones materiales considerados por Estados Unidos como estratégicos, o productos que contuvieran más de un 20 por ciento de componentes norteamericanos, solo por citar las más importantes.
En el texto original se mencionaban las actividades disidentes, las cuales denominan "actividades independientes y democráticas" involucrándose directamente con el financiamiento la llamada disidencia cubana a la que apoyan por medio de esta Ley y han continuado hasta hoy financiándola en Cuba.