Impuesta hace 124 años por la fuerza de ocupación estadounidense como condición para conceder a Cuba una amañada “independencia”, el 12 de junio de 1901, en sesión secreta de la Asamblea Constituyente en Camagüey, se incorporaba la Enmienda Platt como apéndice a la naciente Constitución de la República.
Con la votación de 16 delegados a favor y 11 en contra comenzaba a escribirse una nueva página de hipocresía y engaño, siempre tras el propósito estadounidense de controlar Cuba, esta vez con un apéndice a su primera Constitución para subordinarla a Washington en las decisiones trascendentes.
Según ese anexo constitucional Washington se abrogaba el derecho de intervenir en la Isla cuando lo estimara oportuno, controlar su comercio, las relaciones exteriores, y establecer bases carboneras en territorio cubano, como la de Guantánamo, devenida posteriormente en base militar para el control hegemónico del Mar Caribe.
La citada enmienda, fue propuesta por el senador republicano Orville H. Platt, aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 2 de marzo de 1901 y sancionada como ley al día siguiente por el Presidente William McKinley, como una maniobra ante los fracasados intentos de anexar la Isla al naciente imperio.
Su contenido atenazaba por el cuello la soberanía de Cuba, lo cual fue reconocido así por el interventor norteamericano, General Leonard Wood (1899-1902), quien en carta a Theodore Roosevelt el 28 de octubre de 1901 expresaba: "Por supuesto que a Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia con la Enmienda Platt y lo único indicado ahora es buscar la anexión”.
Ninguno de estos puntos contenidos en la Enmienda Platt se abolió el 29 de mayo de 1934 con la firma del Tratado Permanente de Relaciones Recíprocas entre Estados Unidos y Cuba, pues esas humillantes condiciones se mantuvieron vigentes en el nuevo documento, solo que, elaboradas un poco más sutilmente. La Enmienda y el Tratado eran el mismo perro con diferente collar, basado en la llamada “política del buen vecino” y para intentar apaciguar el auge revolucionario y antiimperialista de la Revolución del 33 que derrocó a la dictadura de Gerardo Machado.
En los años sucesivos, los gobiernos de Washington contarían en la política cubana con su representante más fiel, el general Fulgencio Batista, personaje clave en la frustración del proceso popular de los años 30, en socavar la llamada Revolución del 33 y regir los destinos del país con su demagogia y ascendencia en las fuerzas armadas que le llevaron al poder nuevamente con el golpe militar del 10 de marzo de 1952.
Tendrían que transcurrir 25 años de ese Tratado, hasta enero de 1959, para que definitivamente Cuba aboliera todos los acuerdos existentes con el gobierno de Estados Unidos, declarándose un país verdaderamente independiente para labrar su propio destino y establecer el camino de justicia social emprendido por la Revolución Cubana.
Pero, los propósitos del imperialismo yanqui de imponer su voluntad sobre Cuba se mantuvieron presentes después del triunfo revolucionario de 1959, con su invasión mercenaria por Playa Girón en abril de 1961, la Crisis de Octubre y la imposición en 1962 del extraterritorial y genocida bloqueo económico, comercial, financiero y diplomático contra la Isla que, en 63 años ha evidenciado su fracaso ante la firme resistencia del pueblo, pese a las “sanciones” que intentan asfixiar a su población y la espuria inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo que prohíbe a muchas naciones y empresas internacionales negociar con Cuba a riesgo de severas represalias.
A lo anterior se suman las permanentes agresiones de la CIA, sabotajes, las Leyes Torricelli y Helms Burton, de 1992 y 1996, respectivamente, y las 242 medidas impuestas por el gobierno de Donald Trump en su primer mandato para recrudecer el bloqueo a niveles sin precedentes en medio de la pandemia por la Covid-19, pese a la condena casi unánime de la comunidad internacional en 32 votaciones consecutivas en Naciones Unidas desde 1992.
Todo lo anterior, reforzado con nuevas medidas en el segundo mandato de Trump, evidencia la recurrencia, más de un siglo después, del intento infructuoso de Estados Unidos de usar sus propias legislaciones para pretender imponer sus intereses a la nación cubana y el fracaso rotundo de las medidas anexionistas y neocoloniales herederas de la oprobiosa Enmienda Platt.