La voluntad de los países representados en Naciones Unidas por hacer un frente común en el combate a la corrupción se reflejó desde el 2003 en el establecimiento del 9 de diciembre como Día Internacional de lucha contra ese flagelo y Cuba, firmante de ese acuerdo, avanza en ello con paso firme.
En la búsqueda de una mayor eficiencia económica y como parte del proceso de institucionalización del país, se destaca la voluntad política del Estado y el Gobierno cubano para crear nuevas estructuras y leyes que garanticen una adecuada prevención y enfrentamiento a la corrupción.
Entre las primeras medidas destaca la creación de la Contraloría General de la República (CGR) el 1 de agosto de 2009, como Órgano del Estado que auxilia a la Asamblea Nacional del Poder Popular a ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y el Gobierno, así como prevenir y luchar contra la corrupción.
La CGR actúa como Autoridad Central designada en materia de Órgano de Prevención de la Corrupción, así como del seguimiento y cumplimiento del instrumento internacional establecido al respecto por Naciones Unidas.
La Constitución de la República de Cuba aprobada el 2019 reconoce que la CGR, tiene como misión fundamental velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa. Además, existen en vigor leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, instrucciones y circulares orientadas a fortalecer la prevención y el enfrentamiento a los hechos de corrupción.
De importancia vital para lograr ese objetivo es el perfeccionamiento continuo del Sistema de Control Interno, jerarquizado en la Ley 158 del 2022 y en su Reglamento mediante la Resolución 60 del 2011, dictado por la Contralora General de la República según las atribuciones que le corresponden; considerando que es el proceso integrado a las operaciones con un enfoque de mejoramiento continuo, extendido a todas las actividades inherentes a la gestión, efectuado por la dirección y el resto del personal.
Con enfoque integral y sentido preventivo, se relacionan en el Sistema los controles contables, financieros y administrativos, con énfasis en la participación de los trabajadores en la identificación y evaluación de los riesgos existentes, de las medidas a adoptar para prevenir su ocurrencia y el proceso de actualización sistemática de los planes de prevención de riesgos.
Otra importante medida fue la creación en el año 2013 de la Comisión Estatal de Control (CEC), presidida por la Contralora General de la República, e integrada por ministros y representantes de los órganos y organismos con funciones rectoras de control, priorizando en su trabajo el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales entre sus miembros.
El objetivo fundamental de la CEC es la presentación y análisis de casos de estudio en los que se manifiesten ilegalidades, presuntos hechos delictivos y de corrupción administrativa, para profundizar en las irregularidades detectadas, características, modos de operar, las causas y condiciones que los generan y los efectos producidos, con el propósito de alertar y recomendar medidas de carácter preventivo y de otra índole, en el interés de eliminar o disminuir, en lo posible, la reiteración de las infracciones identificadas y dar seguimiento a las medidas de carácter administrativo y disciplinarias adoptadas con los responsables directos y colaterales.
Esta Comisión coordina y facilita el intercambio de información entre los organismos y promueve una cultura de control y prevención, dirigida a reducir y minimizar los riesgos, impedir que tales hechos se reiteren y que surtan efectos persuasivos para evitar su reiteración, así como contribuir en el asesoramiento, elaboración e intercambio de informes referidos al cumplimiento de los compromisos contraídos con Naciones Unidas en el combate a la corrupción.
Cada órgano, organismo, organización y entidad estatal tiene entre sus funciones esenciales el diseñar, armonizar, implementar y autocontrolar de forma sistemática el correcto uso de los recursos materiales y financieros asignados, así como el cumplimiento del Sistema de Control Interno en las dependencias que le están subordinadas, sobre la base de los principios de legalidad, objetividad, probidad administrativa, fijación de responsabilidades, cargo y descargo.
Todo lo anterior se complementa con la implementación de un sistema coordinado de trabajo entre la CGR, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio del Interior (MININT), para enfrentar los delitos económicos o asociados a la corrupción y la investigación de los ilícitos de esta naturaleza.
A partir de estas relaciones de cooperación, mensualmente se realizan reuniones de coordinación entre estos tres órganos, con la presencia de los máximos directivos a cada nivel de la CGR, la FGR y los órganos de investigación penal del MININT, donde se analizan las acciones de control en curso de presuntos hechos delictivos y de corrupción, las solicitudes de acciones de control y el estado de la tramitación penal de los casos pendientes, adoptándose las medidas procedentes, con el propósito de contribuir al fortalecimiento del proceso penal, en los cuales el auditor actúa como perito cuando proceda y al restablecimiento de la legalidad quebrantada.
Es muy importante destacar el papel que corresponde a los trabajadores y la población en garantizar la transparencia de las actividades productivas o de servicios, así como de los mecanismos establecidos por la Constitución para ello, unido al Código de Ética que debe regir el desempeño se los directivos y funcionarios en todos los entes estatales.