Cuba llega al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción proclamado por Naciones Unidas el 2003, recalcando su voluntad de intensificar la lucha contra ese flagelo pese a las difíciles condiciones impuestas por la pandemia del COVID-19, y usar la prevención como antídoto.
El Estado y el Gobierno de Cuba mantienen como tarea priorizada la prevención unida al combate decidido a la corrupción, y realizan esfuerzos para incrementar la sensibilidad pública en el rechazo a esa dañina conducta por los integrantes de la sociedad, dados sus efectos destructivos para el país.
Vale destacar la disciplina y responsabilidad mantenida desde el primer momento en que Cuba resultó seleccionada por Naciones Unidas en el 2011 para someterse al examen del Ciclo 1 del referido instrumento internacional, y por lo cual se constituyó un Grupo de Trabajo permanente.
Este Grupo está integrado por órganos, organismos e instituciones con funciones de control y rectoras de diferentes actividades referidas a la gestión de los bienes públicos, el cual ha continuado sus labores sistemáticas hasta la actualidad, incrementando la coordinación interinstitucional existente.
Entre las principales medidas adoptadas por Cuba, en particular durante 2019 y 2020, se destaca el perfeccionamiento continuo del marco legal existente y la promulgación de una legislación interna que contribuye a la prevención de la Corrupción y a fomentar las buenas prácticas alcanzadas.
La nueva Constitución de la República de Cuba, proclamada y vigente desde el 10 de abril de 2019 fruto de un amplio proceso participativo, marca un hito dentro del ordenamiento jurídico nacional y dio comienzo a un proceso de revisión de las normas jurídicas vigentes en el país.
Esta revisión busca fortalecer el marco legal existente para prevenir y enfrentar la corrupción y lograr la armonización entre el ordenamiento jurídico interno y los instrumentos internacionales de los cuales Cuba es Estado Parte.
Por su importancia vale destacar que el artículo 8 de la Constitución establece que lo prescrito en los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra, según corresponda, al ordenamiento jurídico nacional.
En tal sentido, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el Cronograma Legislativo con la propuesta de 39 leyes y 31 decretos-leyes, para un total de 70 disposiciones normativas a elaborar, para el perfeccionamiento jurídico del país.
Como parte de las buenas prácticas alcanzadas, resultó necesario reforzar el ordenamiento penal interno, en lo pertinente a lo prescrito en tratados internacionales en vigor, para elevar la efectividad en la prevención y enfrentamiento a los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
En especial, impedir la utilización del territorio nacional para esos fines, fortalecer la cooperación con la comunidad internacional en la lucha contra estos flagelos y codificar la aplicación de técnicas especiales de investigación, en correspondencia con los postulados refrendados en nuestra Constitución.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado en el ejercicio de sus atribuciones, dictó el Decreto Ley 389 de 18 de noviembre de 2019, modificativo del Código Penal, de la Ley Contra Actos de Terrorismo y de la Ley de Procedimiento Penal.
Como parte del desarrollo del proceso de institucionalización del país, se destaca la voluntad política del Estado y el Gobierno para crear nuevas estructuras que garanticen una adecuada prevención y enfrentamiento a la corrupción.
Una de las primeras medidas fue la creación de la Contraloría General de la República (CGR), el primero de agosto de 2009, como Órgano del Estado que auxilia a la Asamblea Nacional del Poder Popular a ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y el Gobierno y para prevenir y luchar contra la corrupción.