Como se puede apreciar, el proceso para el surgimiento de una estructura rectora de la actividad de Fiscalización y Auditoría ha sido gradual y sustentado en la experiencia acumulada.
El Comité Estatal de Finanzas estuvo en funciones con ese nombre hasta el 21 de abril de 1994, cuando se crea el Ministerio de Finanzas y Precios por el Decreto Ley Nº 147 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros de la República de Cuba, con el objetivo de la reorganización de los Organismos de la Administración Central del Estado.
Al crearse el Ministerio de Finanzas y Precios, no se había concebido la Oficina Nacional de Auditoría (ONA) subordinada al mismo como Órgano de Fiscalización Superior, sino que su creación parte de la suma de criterios técnicos-económicos muy bien fundamentados por los economistas de la Dirección de Comprobación del recién creado Ministerio de Finanzas y Precios, según lo demuestra el proyecto de la ONA que con su argumentación, fue presentado por la Dirección de Comprobación del mismo, apenas dos meses de creado el nuevo ministerio.
Hacia finales de la década del 80 ocurren acontecimientos internacionales y nacionales que obligatoriamente tendrán una gran repercusión en la actividad de la auditoría y demás acciones de control en Cuba. El hecho de la caída del campo socialista, con la Unión Soviética como principal socio comercial de Cuba basado en relaciones económicas de cooperación y ayuda mutua, obligó al Estado cubano a buscar otros horizontes en el campo de la economía y relaciones comerciales con el campo capitalista, lo cual obligaba a buscar otros tipos de asociaciones económicas.
En el ámbito nacional la despenalización del dólar y su incursión en las transacciones en el sector mayorista y minorista, también dieron un vuelco en la economía cubana. Con este nuevo panorama la auditoría y demás acciones de control, tuvieron su apoyo legal con la Resolución Nº 44-90 del Comité Estatal de Finanzas, la cual estuvo vigente hasta el 8 de junio de 1995, cuando fue sustituida por el Decreto Ley Nº 159 de la Auditoría. Con ello se le daba mayor autoridad a la actividad y mayor apoyo legal; además dejaba la vía expedita para las reorganizaciones y cuantos cambios, variantes o ajustes se hicieran para que el trabajo de la auditoría fuera más eficiente y eficaz.
El 30 de mayo de 1995, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, mediante el Acuerdo No. 2914, aprobó la creación de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA), adjunta al Ministerio de Finanzas y Precios y en junio de ese mismo año se aprobó el Decreto Ley No. 159 “De la Auditoría”, que declaró como tarea fundamental del Estado el fortalecimiento del control económico y administrativo de las entidades. El Decreto Ley planteaba el uso de la prevención y el rescate de la disciplina y la responsabilidad, así como el logro de la transparencia de la información económica y contable. Era importante desde aquel momento y a la luz de aquel documento verificar la honestidad de las personas naturales y jurídicas en la administración de los recursos del Estado.
En correspondencia con lo anterior, la ONA debía evaluar el control, uso y destino de los recursos del Estado recibidos por las entidades, para controlar que éstos fueran empleados en los objetivo sociales para los cuales fueron destinados, tales como: inversiones, subvenciones, ventajas, exenciones, autorizaciones para prestar servicios, ejercer una actividad preferencial del Estado y otras actividades, con el fin de salvaguardar el patrimonio nacional y la eficiencia económica; todo ello con el respaldo de la legislación legal. De esta forma se dotaba a Cuba de mecanismos de control y comprobación, para situarla al nivel y armonía de las contralorías internacionales, fundamentalmente del área latinoamericana.
Como objetivo fundamental la nueva estructura además debía organizar y dirigir metodológicamente la auditoría en Cuba, establecer los principios, normas y procedimientos sobre esta actividad. Además quedaba bajo su competencia, el orientar y controlar de las Unidades Centrales de Auditoría Interna (UCAIs) de los Organismos de la Administración Central del Estado (OACEs) y de los Consejos de Administración Provincial (CAPs); asimismo debía mantener el asesoramiento permanente y ejercer la supervisión técnica de éstas. Asimismo debía dictar las directivas de trabajo para la confección de los planes anuales de auditoría.
La función social de la Oficina Nacional de Auditoría se resume en los siguientes objetivos y funciones generales:
OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES
OBJETIVOS:
La Oficina Nacional de Auditoría (ONA), se crea para ejecutar las funciones que con relación a la auditoría le asignaron al Ministerio de Finanzas y Precios, mediante el inciso 13 del acuerdo Nº 2819 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros del 25 de noviembre de 1994; además de los objetivos que en virtud de la legislación específica sobre auditoría se le confirieron a este organismo, mediante las cuales le corresponde el papel rector de dicha materia en todo el país.
Fundamentadas en los OBJETIVOS de referencia, se concretan las siguientes FUNCIONES:
1.- Ejercer la fiscalización superior, para lo cual ejecutará la auditoria externa a las entidades del sector estatal a las cooperativas, organizaciones, asociaciones, así como a cualquier persona natural o jurídica que reciba recursos del estado, para su inversión o financiamiento, se beneficie con subsidios, subvenciones, ventajas o exenciones o que preste servicios o ejerza una actividad preferencial del Estado.
En el marco de esa FUNCIÓN:
1.1.- Desarrollar auditorias de gestión, financieras o especiales en objetivos económicos jerarquizados, dentro o fuera del territorio nacional, emitiendo las recomendaciones correspondientes, presentando los informes a las autoridades competentes y solicitando se adopten las medidas necesarias para la solución de los problemas detectados.
1.2- Aumentar la atención a empresas no estatales, entidades que de una forma u otra reciban financiamiento a través del presupuesto del Estado e incorporar la comprobación a las misiones en el exterior.
1.3- Evaluar los sistemas establecidos en las entidades auditadas, a fin de determinar el grado de control y confiabilidad que éstos ofrecen.
2.- Cumplimentar el papel rector de la auditoría en todo el país, estableciendo los principios, normas y demás procedimientos que sobre esta materia sean necesarios.
3.- Orientar el trabajo de las unidades de auditoria interna, directa o indirectamente, y mantener asesoramiento permanente.
4.- Dictar las directivas de trabajo, asesorar la confección y aprobar el Plan Anual de Auditoria de los OACE y OLPP y proponer o autorizar las modificaciones.
5.- Ejercer la supervisión técnica de las Unidades de Auditoria de los OACE y OLPP.
6.- Controlar el trabajo de las unidades centrales de auditoría de los OACE y OLPP y publicar el informe anual del trabajo ejecutado por las unidades de auditoría.
7.- Confeccionar y mantener actualizados los programas generales y guías metodológicas para los diferentes tipos de auditorías.
8.- Ejercer la función de peritaje a solicitud de los organismos competentes.
9.- Presentar a las instancias que correspondan, y cuando los hechos lo requieran, la documentación necesaria para la toma de decisiones sancionadoras, tanto administrativas como penales; y mantener el debido control hasta la conclusión de las acciones pertinentes.
10- Aplicar sanciones de acuerdo con la legislación vigente y en aquellos casos de su competencia, ante violaciones de las normas establecidas no constitutiva de delito.
11.- Desempeñar las actividades de tipo legal requeridas en el cumplimiento de la actividad de auditoria.
12.- Brindar asesoramiento legal a las Unidades de Auditoría Interna de los OACE y OLPP de los niveles centrales.
13.- Crear y mantener actualizado el Registro de Auditores de la República de Cuba.
14.- Evaluar y responder las quejas, solicitudes y reclamaciones que se reciban vinculadas al trabajo de auditoría.
15.- Mantener estrechos vínculos de trabajo con otros factores globales en el enfrentamiento al delito económico y por el perfeccionamiento del control.
16.- Elaborar el Plan de Capacitación del personal de la Oficina y contribuir a la capacitación del personal de Auditoría que con este propósito correspondan.
Para ello mantener estrechos vínculos de trabajo con las universidades del país y otras instituciones afines a la actividad de auditoria.
17.- Atender y desarrollar los vínculos de trabajo en el marco de los organismos internacionales de la especialidad como la INTOSAI, (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores), la OLACEFS (Organización Latinoamericano y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) y asociaciones profesionales vinculadas a la Auditoria Externa e Interna.
18.- Recibir, evaluar, dictaminar y proponer al Ministro sobre la conveniencia de aprobar a firmas para desarrollar la Auditoría Independiente, y crear y mantener actualizado el correspondiente registro.
19.- Proponer al Ministro reconocer o denegar la capacidad legal y formal o autorizar a firmas de auditores independientes, y cuando corresponda a auditores independientes, para que le sea aceptado a todos los efectos oficiales, el dictamen que sobre la revisión de los Estados Financieros de las entidades contratantes, emitan.
20.- Establecer y mantener las regulaciones sobre el funcionamiento de las firmas de auditores independientes.
21.- Ejercer, cuando corresponda, supervisión para el control técnico del trabajo de estas firmas.
22.- Dictar las Normas Generales para la Auditoría en Tiempo de Guerra y cumplimentar las tareas que de estas se deriven.
23.- Operar como unidad presupuestada atendiendo las funciones inherentes a ella.
La Oficina Nacional de Auditoría se concibió con una dirección central en la capital, donde radicarían los cuerpos de auditores, y de igual forma se establecería en las provincias. Su misión era comprobar la disciplina económica con la máxima transparencia y calidad en las informaciones; además de verificar la habilidad y honestidad de las personas naturales y jurídicas en la administración y el control de los recursos propios o confiados por el Estado.
Una de las características más significativas de la Oficina Nacional de Auditoría en cuanto a su concepción y organización es el constante propósito de acometer un trabajo cada vez más eficaz y eficiente para cumplir el rol de sus funciones sociales, todo lo cual se demuestra en el interés de sus cuadros dirigentes por perfeccionar cada vez más su estructura, sin que por ello se dejen de realizar las acciones de control para lo cual fue concebida. En este afán hubo propuestas de plantillas y de funciones de las estructuras que compondría laONA desde 1994, luego en 1996 y por último en 1997.
Luego de muchas propuestas cada vez en busca de un mejor funcionamiento de la estructura, la última versión del Proyecto para la organización de la Oficina Nacional de Auditoría fue fechado el 8 de mayo de 1996. En junio de 1997 se planteó una reorganización de la oficina, basado en la propia dialéctica y experiencia del trabajo desplegado por la Oficina, ante el incremento de inversiones de capital extranjero, del aumento de formas de asociaciones económicas, creciente circulación y transacciones en divisas, sus variantes y con ello el aumento de manifestaciones de corrupciones de todo tipo. Un ejemplo de este desarrollo económico relacionado con la divisa y el capital extranjero lo tenemos en los sectores del turismo, agropecuario, industriales, específicamente la minería y la extractiva como el petróleo, actividades que va en aumento en varios territorio y provincias de Cuba. Por tan poderosas razones se hacían necesarios los cambios organizativos, tanto en cantidad de auditores, como en la fuerza de apoyo de dirección metodológica, de control y administrativo.
El proyecto de reorganización de la Oficina Nacional de Auditoría se concibió desde 1997 hasta el año 2003, pero los acontecimientos internacionales con repercusión nacional, y la propia dialéctica del desarrollo, del trabajo de auditoría en Cuba, ya reclamaba un organismo superior para desplegar un trabajo más eficaz y eficiente. La creación de la ONA sentó las pautas para un mayor fortalecimiento de la actividad de control, en tanto a su seno fueron dictaminadas diferentes resoluciones que coadyuvaron al fortalecimiento de la auditoría interna y el papel de los auditores. Asimismo se dieron pasos importantes para la atención al sistema nacional en temas de auditoria, control y fiscalización y hubo una mayor apertura en forma de sistema hacia el desarrollo de la actividad de control y supervisión en las provincias con la creación de los grupos provinciales de control en las provincias Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Tunas, y Guantánamo.