Ley de Reforma Urbana, una de las primeras promulgadas por la Revolución

urbana

Consecuente con el Programa del Moncada, el 14 de octubre de 1960 el Gobierno Revolucionario promulgó la Ley de Reforma Urbana que entregó la propiedad de viviendas a familias que las vivían y durante años pagaban alquileres altos, arrebatándoles una gran parte de sus bajos salarios.
Esta ley revolucionaria prohibía la práctica del desahucio urbano, muy frecuente en los años anteriores a 1959, y postulaba la aspiración de garantizar una vivienda digna a cada cubano, objetivo que se mantiene con total vigencia.
El 16 de octubre de 1953, en su alegato de defensa por el asalto al Cuartel Moncada conocido en el mundo como "La Historia Me Absolverá", el líder de la revolución, Fidel Castro Ruz, señaló el problema de la vivienda como uno de los que más afectaban a los cubanos y denunció la grave crisis habitacional.
“Tan grave o peor es la tragedia de la vivienda, dijo entonces Fidel. Hay en Cuba 200 000 bohíos y chozas; 400 000 familias del campo y de la ciudad viven hacinadas en barracones, cuarterías y solares sin las más elementales condiciones de higiene y salud; 2 200 000 personas de nuestra población urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio de sus ingresos; y 2 800 000 personas de nuestra población rural y suburbana carecen de luz eléctrica”.
Durante los años de Revolución, hasta el año 2018, se construyeron un total de 2 568 267 viviendas. De 1959 al 2012 el fondo habitacional creció un 149 por ciento, pasando de 1 560 000 a 3 885 900 viviendas y existían en esa fecha 115 000 bohíos menos que en 1959. Esto demuestra el enorme esfuerzo realizado para resolver un problema creciente, no sólo por el crecimiento demográfico sino por las necesidades de vivienda propia de una gran masa de técnicos y profesionales formados por la Revolución.
En Cuba más del 85 por ciento de las familias son propietarias de sus viviendas, cosa que no ocurre en la mayoría de los países del mundo. El 78 por ciento del fondo edificado se encuentra en asentamientos urbanos y un 22 por ciento en asentamientos rurales.
Según cifras oficiales, difundidas por el periódico Granma el 19 de diciembre de 2018, había en esa fecha un fondo precario pendiente de 84 452 viviendas en  9 823 cuarterías y ciudadelas, 117 775 viviendas con pisos de tierra, 854 edificios críticos en el país, de ellos 696 están en la capital, y 209 861 viviendas pendientes por afectaciones climáticas y 60 975 con derrumbes totales.
Esta vital necesidad de la población sigue requiriendo un enorme esfuerzo de la Revolución, frente a las crecientes limitaciones económicas impuestas por el criminal bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la Isla desde hace casi seis décadas que afecta la adquisición de muchos materiales, equipos e implementos necesarios para potenciar la construcción de viviendas.
En el año 2019 el déficit habitacional nacional se calculaba en 929 695 inmuebles y del total del fondo habitacional en esa fecha el 39 por ciento clasificaba entre regular y mal estado técnico. Para acelerar la solución de esa situación, el gobierno cubano desarrolló entre los años 2012 y 2017 un total de 62 485 acciones constructivas con subsidios, lo cual ha beneficiado a 345 090 personas.
El Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó la política para el otorgamiento de subsidios a personas naturales interesadas en realizar acciones constructivas en su vivienda, mediante el Acuerdo 7387 del 9 de abril de 2013, que posibilita la entrega de recursos por los gobiernos locales del Poder Popular, mediante subsidios, a núcleos con situaciones graves de salud, a personas con discapacidad o que carezcan de ingresos ante la imposibilidad de trabajar, a personas de bajos ingresos que viven en condiciones desfavorables, para que puedan construir, conservar, rehabilitar, terminar y/o ampliar su vivienda con esfuerzos propios.
Conscientes de las desigualdades territoriales en cuanto al déficit y estado constructivo de las viviendas, el gobierno cubano mantiene una prioridad permanente a la solución de estos problemas, unido a la realización de obras sociales esenciales en barrios y comunidades, con acciones conjuntas del Estado a través de los gobiernos locales y la población de esos lugares.
Esta decisión gubernamental constituye hoy una de las líneas importantes de su accionar, y es una continuidad necesaria de lo iniciado en el campo de la vivienda desde el propio triunfo revolucionario para avanzar en los postulados sociales consagrados en el Programa del Moncada y en nuestra Constitución.

 

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