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Anterior al triunfo revolucionario de 1959, en Cuba la actividad de la auditoría y el control de la hacienda pública lo ejercía el Tribunal de Cuentas. La primera institución con este nombre fue creada hacia 1764 (siglo en el cual muchos autores sitúan los orígenes de la auditoría en Cuba). Esta entidad se fortaleció con la Intendencia de Hacienda. A partir de entonces sobre estos dos órganos recayeron las funciones del conocimiento y vigilancia de los registros contables relacionados con las rentas y recursos públicos. Posteriormente los organismos de control continuaron perfeccionándose con la introducción de mecanismos para hacer más eficientes y eficaces la salvaguarda de la hacienda pública, acorde a los intereses de la colonial española.

Entre 1790 y 1837 se constituyen en Cuba los organismos técnico-económicos, dando lugar en 1861 a la creación del Consejo de la Administración, en el que participaban el Intendente General de haciendas y el Presidente del Tribunal de Cuentas. Este fue sin dudas uno de los pasos más importantes para la época en función de fortalecer los mecanismos de control.

Hacia 1909 (tiempos ya de neocolonia) se establece que la actividad de fiscalización debía efectuarse a partir del Interventor General de la República, nombrado por el presidente y subordinado al Ministerio de Haciendas (diferente al que se crea en 1960 al triunfar la Revolución). La función de esta Interventor General era examinar las cuentas del Estado y certificar sus saldos. Evidentemente la función de control era básicamente contable.

Ya en 1940, al aprobarse la Constitución, se establece el Tribunal de Cuentas. Esta institución con carácter autónomo y jurisdicción más amplia, se crea oficialmente en 1950 y tenía entre sus funciones supervisar el patrimonio, ingresos y gastos del Estado y de los organismos autónomos. Este Tribunal de Cuentas además se encargaba de la ejecución del Presupuesto estatal, asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas relativas a impuestos, contribuciones, y funciones afines.

Después de 1959, la estructura y funciones de las estructuras que ejercerían el control en el país se amoldan al nuevo Gobierno Revolucionario y a las necesidades de su pueblo. La primera transformación en este orden fue que el 13 de febrero de 1959, el gobierno revolucionario dicta la Ley 78; Ley Orgánica del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, cuyo ministro fue el médico comandante Faustino Pérez. Dicha Ley fue publicada en la Gaceta Oficial el 19 de febrero del referido mes y año y en su contenido medular expresa:

[…]Es el organismo idóneo del Poder Ejecutivo destinado a recuperar los bienes de cualquier clase sustraído al patrimonio Nacional y lograr el reintegro total del producto de los enriquecimientos ilícitos obtenidos. Se entenderá integrado el Patrimonio Nacional por el Patrimonio del Estado, de las Provincias, de los Municipios, de los Organismos Autónomos y Paraestatales y de las Cajas de Retiros y de Seguros Sociales. La acción del Ministerio comprende a los funcionarios y empleados públicos y organismos y corporaciones autónomas y los relacionados en el artículo 154 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas […]6

Mediante esta ley encaminada a la eliminación de la corrupción política y administrativa, se dio un golpe mortal a la malversación de los fondos públicos, las denominadas “botellas” y castigó a quienes se habían enriquecido a costa del sudor y la miseria de los trabajadores.

El Tribunal de Cuentas cesó sus funciones en 1960, cuando el gobierno revolucionario se había dotado de un mecanismo más eficiente para salvaguardar los intereses del pueblo.

 

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Actualizado el Lurnes, 18 de Noviembre de 2019 10:57
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