Hoy en toda Cuba y parte del mundo resuena los acordes del Título III de la Ley Helms Burton, una legislación norteamericana que busca compensaciones monetarias de empresas y compañías que comercian en Cuba con propiedades legalmente confiscadas y nacionalizadas a inicios de la Revolución.

La Asamblea Nacional del Poder Popular, en representación de todo el pueblo, aprobó desde 1996 la Ley No. 80, Ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas, donde en su Artículo 1 se declara ilícita la Ley Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno. Consecuentemente se considera nula toda reclamación amparada en ella, de persona natural o jurídica, cualquiera que fuese su ciudadanía o nacionalidad.