En ese sentido indicó que los nuevos escenarios en que se desenvuelve Cuba obligan a elevar la preparación y la cultura jurídica, esencialmente en temáticas sobre la contratación, la ley de inversión extranjera y el proceso inversionista. Por tanto, nosotros debemos capacitar a los dirigentes y administrativos, porque se puede tener un buen sistema de auditoría y una buena unidad de inspección, pero, si no se trabaja dentro de la entidad, NO se logran los resultados esperados, afirmó.

Acotó que se necesita que los seminarios y conferencias impartidas a los obreros para explicarles las nuevas regulaciones económicas -como la aplicación de la Resolución 17/2014 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o todo lo concerniente a la descentralización de facultades empresariales- tengan un impacto real en el control interno. La capacitación debe ser efectiva y para ello hay que cambiar los métodos, porque el criterio de la verdad está en la práctica y aún se visualizan insuficiencias en el presupuesto, inventarios, activos fijos tangibles, nóminas, cuentas por pagar y cobrar y otras. Destacó la necesidad de profundizar en los análisis en aras de elevar la calidad del trabajo, incluso en el proceso de determinar si los casos clasifican como presuntos hechos delictivos (PHD) o presuntos hechos de corrupción (PHC).

Durante la reunión también se enfatizó en que es necesario aprovechar las ventajas de la resolución conjunta, aprobada en el 2014 para integrar en las tareas de control a la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior y la Contraloría General, con el fin de alcanzar este año mayores resultados en el mantenimiento de la legalidad económica.